Estados Unidos amplía las sanciones contra la Corte Penal Internacional

Ilustración de la Corte Penal Internacional en La Haya al anochecer.
Ilustración editorial generada con IA; no es una fotografía documental del acontecimiento.

El Gobierno de Trump amplió el 9 de octubre las sanciones estadounidenses para alcanzar a la Corte Penal Internacional (CPI) como institución, más allá de los jueces y fiscales sancionados anteriormente. La corte protestó y varios aliados de Estados Unidos prometieron apoyarla, mientras persistían dudas sobre las consecuencias prácticas para su trabajo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las sanciones el viernes 9 de octubre. La OFAC publicó nuevas medidas relacionadas con la CPI; la corte las condenó y pidió a sus 125 Estados miembros que ayudaran a proteger su labor.

La CPI, con sede en La Haya, fue creada por el Estatuto de Roma para juzgar a personas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión cuando las jurisdicciones nacionales no actúan o no pueden hacerlo. Tiene 125 Estados miembros y Estados Unidos no es parte del tratado. Washington ya había sancionado a funcionarios de la CPI. La nueva medida sigue a años de objeciones estadounidenses a sus investigaciones y órdenes de arresto relativas a autoridades israelíes, así como a su investigación sobre Afganistán.

Los servicios bancarios y tecnológicos podrían verse afectados

Las medidas anteriores se dirigían a funcionarios concretos. La decisión del 9 de octubre alcanza a la institución y podría afectar a proveedores estadounidenses de servicios financieros, tecnológicos y de otro tipo. Los documentos del Tesoro establecen un período inicial de seis meses para finalizar operaciones y licencias generales para actividades determinadas, entre ellas ciertas operaciones de telecomunicaciones, software, pensiones y asuntos relacionados con detenidos.

El Departamento de Estado anunció la medida y el Tesoro publicó las designaciones y licencias el 9 de octubre. El Gobierno sostiene que rechaza la autoridad que la CPI afirma tener en casos relacionados con personal estadounidense y aliados de Washington. La corte dijo que las sanciones amenazan el orden jurídico internacional y que continuaría trabajando. Según Associated Press, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido expresaron un fuerte desacuerdo y prometieron apoyo a la corte.

El alcance de la perturbación práctica aún no estaba establecido. Quedaba por ver cómo aplicarían las restricciones los bancos y proveedores tecnológicos, cómo funcionarían las licencias y si la Unión Europea o sus Estados miembros activarían medidas de protección.

La continuidad del acceso de la corte a servicios bancarios, tecnológicos y esenciales dependería en parte de los gobiernos aliados y de los proveedores internacionales. La disputa también podía agravar las tensiones entre Washington y varios de sus aliados.

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